El Tribunal Supremo ha atribuido este martes a la Audiencia Nacional, concretamente al juez Eloy Velasco, la competencia sobre la investigación de una trama dedicada al tráfico de células madre desarticulada en abril del pasado año por la Guardia Civil y que habría estafado a más de 400 personas.
Según el auto dado a conocer por el alto tribunal, y en coincidencia con el criterio del Ministerio Público, al alto número de víctimas potenciales y de territorios afectados (un total de ocho provincias), se suma la existencia de conexiones extranjeras que afectan a varios países, lo que determina una complejidad en la investigación que resulta "más abordable por una jurisdicción especializada con competencia nacional", como la que representa el Juzgado Central de Instrucción número 6.
Se da así el requisito establecido en el artículo 65.1 c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de "perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia" para otorgar la competencia al juzgado de Velasco, que había rechazado hacerse cargo del caso iniciado en su día por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante.
El juzgado de la comunidad valenciana abrió diligencias con base en las pesquisas llevadas a cabo por el equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por delitos continuados de falsedad documental y estafa.
Los hechos, según destaca el auto del alto tribunal cuyo ponente ha sido el magistrado José Manuel Maza, consisten en la obtención y conservación de sangre del cordón umbilical por precio "resultando que los laboratorios donde se dice que se iban a conservar las muestras son inexistentes o no aceptan las muestras remitidas por los imputados".
Cuando el Juzgado de Alicante remitió su informe las denuncias eran más de 400, los imputados cuatro, uno de los cuales reconoció haber realizado más de 600 extracciones. Las Audiencias Provinciales en las que se presentaron denuncias fueron 8, y el importe de las cantidades presuntamente defraudadas supera inicialmente los 750.000 euros aunque puede ser mucho mayor.
Tras el desmantelamiento de la red en abril del pasado año, la Guardia Civil comprobó que en ese momento había 400 afectados por la red afincada en Alicante que presuntamente se dedicaba al tráfico de células madre, y ha detectado otros 300 casos de clientes cuyas muestras se encuentran en perfectas condiciones en laboratorios de distintos puntos.
La red desarticulada el pasado 2 de abril con las detenciones del presunto cabecilla, de su esposa y de otra mujer en las localidades alicantinas de Ibi y Castalla, presuntamente cobraba a sus víctimas entre 1.800 y 2.500 euros por la extracción de sangre del cordón umbilical, y ofrecía envíos del material genético a Alemania para su supuesta conservación y tratamiento, que eran falsos.
Los detenidos están acusados de los delitos de estafa continuada y falsedad documental relacionados con la criogenización de células madre, por cobrar supuestamente entre 1.800 y 2.500 euros por la extracción de las células madre y su posterior conservación.
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