El Parlamento de Cantabria -presidido por el Partido Popular- aprobó recientemente por unanimidad una ley que prohíbe el 'fracking' en la comunidad autónoma. Pero apenas 24 horas después, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguraba que España no puede permitirse el lujo de perder de esta forma la carrera para la obtención de gas natural. De hecho, también sugirió que la propuesta de inclusión del 'fracking' en la ley de hidrocarburos hará que la normativa sobre esta técnica afecte a todas las comunidades autónomas. La polémica estaba servida.
La defensa de Soria de la técnica va siempre acompañada de la coletilla de que cualquier permiso de exploración necesita una declaración de impacto ambiental favorable. "Es positivo que se obligue a que la fractura necesite una declaración de impacto ambiental con independencia del volumen que se vaya a extraer. Pero la ley que se está tramitando en Industria también trata de quitarle competencias a las autonomías", asegura Paco Ramos, de Ecologistas en Acción. Esta organización y Amigos de la Tierra han organizado estos días un preestreno de la nueva película de Damon con pases especiales.
Retrasos para la industria
Para la industria, la necesidad de informes ambientales retrasa los plazos para solicitar autorizaciones para investigar el potencial gasístico de una zona de los cuatro meses que se tardaba hasta ahora, a los 18 meses que tardarán en lo sucesivo.Sin embargo, para los ecologistas esto no es suficiente. "La ley de Cantabria no es garantía definitiva de que no se hará 'fracking'", asegura Héctor de Prado, responsable del área de Cambio Climático y Energía de Amigos de la Tierra. "Suena a moratoria. Incluso los promotores de la norma admiten que podría ser algo temporal hasta que se consigan las salvaguardas ambientales necesarias", explica. De momento, la nueva legislación prohíbe los nuevos permisos, pero no se han derogado las seis autorizaciones que ya hay concedidas en la región.
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