El Gobierno aprobará una estrategia para adaptar la costa al cambio climático

Una vez aprobada la Ley de Costas en el Congreso, llega el momento de empezar a pensar en el Reglamento. Los técnicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya se encuentran trabajando en la elaboración del texto, que el ministro quiere que esté listo para antes de final de año. En él se establecerá un "régimen especial" para aquellas edificaciones junto al mar que puedan verse afectadas por el cambio climático. Y, así, las ocupaciones que sean susceptibles de estar en zonas inundables no disfrutarán de la concesión estándar, de hasta 75 años, sino que el Gobierno "limitará" su uso.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha afirmado esta mañana en rueda de prensa que "una de las grandes novedades medioambientales" de la Ley de Costas es que "incorpora una regulación específica para afrontar las consecuencias del cambio climático".
Los ecologistas acusaban al Ministerio de no haber tenido en cuenta esta problemática en su proyecto, pero, tras el trámite parlamentario, la norma ha incorporado enmiendas del PP en las que se fija cómo se gestionarán en los próximos años las eventuales crecidas del mar y los daños que puedan producir a las viviendas construidas en la playa.
La ley salva del derribo a construcciones ubicadas en el litoral antes de 1988 (cuando data la anterior Ley de Costas), otorgándoles una nueva concesión de 75 años. Pero, ¿qué ocurre en ese tiempo si crece el nivel del mar?

Límites

"No vamos a prorrogar concesiones que están en zona de riesgo" ha apuntado el número dos del Ministerio. "Cuando se declare una zona de riesgo, el plazo estará más acotado".
El Gobierno es el primer interesado en no dar concesiones a largo plazo a edificios que, con el tiempo, pueden verse devorados por el mar, así que en el Reglamento desarrollará este mecanismo y también tendrá en cuenta estudios que determinen cuáles son estas zonas inundables.
La ley, de hecho, impone la obligación de elaborar una "estrategia de adaptación de la costa al cambio climático " en un plazo de dos años, que se someterá a evaluación ambiental estretégica y en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral, a la vez que se propondrán medidas para hacer frente a sus posibles efectos.
Según la ley, las comunidades autónomas tendrán que presentar, también antes de dos años, un plan de adaptación para hacer frente a los posibles efectos del calentamiento global.
Y, en tramos en situación de regresión, se adoptarán medidas para la "protección" y "restauración" del litoral.